Autor: Juan José Garrido Koechlin.
Douglas North, en Estructuras y cambios en la historia económica, explica cómo el respeto a la propiedad privada -dentro de otras instituciones- promociona y promueve el desarrollo económico, político y social a partir de los incentivos que ésta desencadena. Sin instituciones -organizaciones legales, políticas, sociales y económicas- difícilmente hubiese llegado el ser humano al grado de desarrollo del cual hoy se beneficia. Empero, las instituciones sustentan dicho desarrollo en diversos grados y niveles. De acuerdo con Daron Acemoglu y Smith Johnson -en Unbundling Institutions, 2003- son las instituciones relacionadas con los derechos de propiedad -las cuales protegen a los individuos de la expropiación por parte del Estado o del poder económico- aquellas que ostentan el primer grado en cuanto a efectos de largo plazo al explicar desarrollo económico, inversión y desarrollo financiero. Dada la extensa literatura que confirma esta relación, es casi axiomático hablar de respeto a la propiedad y desarrollo.
En el Perú, sin embargo, la propiedad es más una suerte que un derecho. Tanto para la clase política como para la mayor parte de la opinión pública, la condición privada de una propiedad es, más que una realidad indiscutible e innegable, una condición de privilegio temporal, sujeta a las necesidades sociales y a los ánimos estatales. Así, vemos cómo el Presidente de la República legitima la expropiación delincuencial y la condonación de deudas -que finalmente se financian con recursos privados- sin que nadie, al menos no muchos, critiquen severamente las medidas. Ni qué decir del silencio del Poder Legislativo y Judicial. Para defender “esos” derechos, bien gracias.
Esto, por supuesto, no es ni casual ni atípico; ni siquiera un secreto. En el último Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2009, publicado por el Property Rights Alliance antes de las desastrosas medidas mencionadas, el Perú figuraba en el puesto 82 sobre 115 países estudiados. Para algunos desafortunados, dicha posición no sonará tan alarmante; empero, en el desagregado del estudio podemos constatar que en el subtítulo Protección de los Derechos de Propiedad -es decir, sobre aquello a lo cual se refieren Acemoglu y Johnson- aparecemos en el puesto 94 sobre 115; es decir, tenemos peor calidad institucional frente al respeto de la propiedad que países subsaharianos como Burkina Faso, Kenia o Tanzania.
En medio de una crisis como la actual, flaco favor le hacemos al país acercándonos a la senda populista y estatista, e históricamente expropiadora, de la región.
Douglas North, en Estructuras y cambios en la historia económica, explica cómo el respeto a la propiedad privada -dentro de otras instituciones- promociona y promueve el desarrollo económico, político y social a partir de los incentivos que ésta desencadena. Sin instituciones -organizaciones legales, políticas, sociales y económicas- difícilmente hubiese llegado el ser humano al grado de desarrollo del cual hoy se beneficia. Empero, las instituciones sustentan dicho desarrollo en diversos grados y niveles. De acuerdo con Daron Acemoglu y Smith Johnson -en Unbundling Institutions, 2003- son las instituciones relacionadas con los derechos de propiedad -las cuales protegen a los individuos de la expropiación por parte del Estado o del poder económico- aquellas que ostentan el primer grado en cuanto a efectos de largo plazo al explicar desarrollo económico, inversión y desarrollo financiero. Dada la extensa literatura que confirma esta relación, es casi axiomático hablar de respeto a la propiedad y desarrollo.
En el Perú, sin embargo, la propiedad es más una suerte que un derecho. Tanto para la clase política como para la mayor parte de la opinión pública, la condición privada de una propiedad es, más que una realidad indiscutible e innegable, una condición de privilegio temporal, sujeta a las necesidades sociales y a los ánimos estatales. Así, vemos cómo el Presidente de la República legitima la expropiación delincuencial y la condonación de deudas -que finalmente se financian con recursos privados- sin que nadie, al menos no muchos, critiquen severamente las medidas. Ni qué decir del silencio del Poder Legislativo y Judicial. Para defender “esos” derechos, bien gracias.
Esto, por supuesto, no es ni casual ni atípico; ni siquiera un secreto. En el último Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2009, publicado por el Property Rights Alliance antes de las desastrosas medidas mencionadas, el Perú figuraba en el puesto 82 sobre 115 países estudiados. Para algunos desafortunados, dicha posición no sonará tan alarmante; empero, en el desagregado del estudio podemos constatar que en el subtítulo Protección de los Derechos de Propiedad -es decir, sobre aquello a lo cual se refieren Acemoglu y Johnson- aparecemos en el puesto 94 sobre 115; es decir, tenemos peor calidad institucional frente al respeto de la propiedad que países subsaharianos como Burkina Faso, Kenia o Tanzania.
En medio de una crisis como la actual, flaco favor le hacemos al país acercándonos a la senda populista y estatista, e históricamente expropiadora, de la región.
1 comentario:
Estimado Juan José,
Es muy correcta tu apreciación, lamentablemente los políticos buscan votos y no les interesa el ordenamiento jurídico (que cumplen hasta donde no pueden burlarlo)y solamente aplican algunos criterios para los aspectos economicos. Desde Coase a North efectivamente se considera que es muy importante los derechos de propiedad y quiza uno de los puntos mas flacos en Perú es que las instituciones del Estado, ellos mismos no cuentan con las documentaciones que les permitan demostrar su propiedad sobre muchos de los bienes que poseen, debido a la senil e ignorante burocracia organizada en estas instituciones. Por otro lado las universidades mas importantes de Perú, todavía respiran aires de corte socialista marxista, que no critico como teoría, sino como accionar político y cuyas consecuencias vemos en las retrazadas acciones para coadyuvar a una mejor educación del milenario Perú.
Saludos
Jorge Pareja
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