Por: Juan José Garrido
Pocos economistas dudan de la positiva relación entre libertad económica y crecimiento económico; en tanto el crecimiento es un requisito sine qua non del desarrollo -es decir, de mejoras sistemáticas en la calidad de vida de las personas-, es bastante clara la necesidad de profundizar las reformas que soportan dichas libertades. Empero, y aunque no nos guste, la promoción de las libertades económicas se puede impulsar tanto desde una democracia como desde una dictadura -por ejemplo, Chile bajo el gobierno de A. Pinochet.
Milton Friedman, tan vapuleado por la izquierda local, sostenía que las libertades políticas y económicas se reforzaban mutuamente: aquellos países que profundicen las reformas económicas -hacia mayor libertad- contribuirían, sin duda, a la necesidad de mayores libertades políticas. Chile le dio la razón -Friedman incluso se lo anticipó en una carta privada al dictador chileno-, tanto como China pone en duda si ello es tan “inevitable”.
La evidencia empírica de dicha relación -democracia y crecimiento- es, al menos, ambigua: por un lado, tenemos la Hipótesis de Lipset, aquella que sostiene -y la evidencia lo soporta- que la prosperidad económica fomenta la democracia; empero, la evidencia también señala una relación negativa entre democracia y crecimiento, una vez alcanzados niveles moderados de la misma. Esto, que se evidencia recurrentemente, es una consecuencia esperable del desarrollo: a partir de ciertos niveles -altos- de progreso, el interés mayoritario está más dirigido a políticas redistributivas que a políticas de crecimiento. Por ello, la relación entre democracia y crecimiento evidencia una “U” invertida: bajo reformas económicas, a menores niveles de democracia, mayores tasas de crecimiento, y viceversa. En resumen, la prosperidad propicia la democracia, pero esta última no propicia -necesariamente- el crecimiento. Es decir, la causalidad corre de la economía hacia la política y no al revés.
Esta corroborada relación descubre algo que nos concierne: cuando la democracia se adelanta en demasía a las reformas económicas, el sistema tiende a colapsar. Sucedió en África en los sesenta, y es lo que -aparentemente- nos podría estar sucediendo a nosotros hoy en día. Si bien es cierto que hemos recuperado nuestra democracia recientemente, las reformas económicas no han ido de la mano de las libertades políticas; y cuando aún estamos en una etapa en la que requerimos crecimiento -36% de población bajo la línea de pobreza-, muchos exigen redistribuir primero, socavando con ello la prosperidad a través de la cual la democracia es sostenible. Tengamos cuidado, que por demandar -precozmente- mayor redistribución, podríamos estar poniendo en riesgo las libertades políticas ya alcanzadas
Milton Friedman, tan vapuleado por la izquierda local, sostenía que las libertades políticas y económicas se reforzaban mutuamente: aquellos países que profundicen las reformas económicas -hacia mayor libertad- contribuirían, sin duda, a la necesidad de mayores libertades políticas. Chile le dio la razón -Friedman incluso se lo anticipó en una carta privada al dictador chileno-, tanto como China pone en duda si ello es tan “inevitable”.
La evidencia empírica de dicha relación -democracia y crecimiento- es, al menos, ambigua: por un lado, tenemos la Hipótesis de Lipset, aquella que sostiene -y la evidencia lo soporta- que la prosperidad económica fomenta la democracia; empero, la evidencia también señala una relación negativa entre democracia y crecimiento, una vez alcanzados niveles moderados de la misma. Esto, que se evidencia recurrentemente, es una consecuencia esperable del desarrollo: a partir de ciertos niveles -altos- de progreso, el interés mayoritario está más dirigido a políticas redistributivas que a políticas de crecimiento. Por ello, la relación entre democracia y crecimiento evidencia una “U” invertida: bajo reformas económicas, a menores niveles de democracia, mayores tasas de crecimiento, y viceversa. En resumen, la prosperidad propicia la democracia, pero esta última no propicia -necesariamente- el crecimiento. Es decir, la causalidad corre de la economía hacia la política y no al revés.
Esta corroborada relación descubre algo que nos concierne: cuando la democracia se adelanta en demasía a las reformas económicas, el sistema tiende a colapsar. Sucedió en África en los sesenta, y es lo que -aparentemente- nos podría estar sucediendo a nosotros hoy en día. Si bien es cierto que hemos recuperado nuestra democracia recientemente, las reformas económicas no han ido de la mano de las libertades políticas; y cuando aún estamos en una etapa en la que requerimos crecimiento -36% de población bajo la línea de pobreza-, muchos exigen redistribuir primero, socavando con ello la prosperidad a través de la cual la democracia es sostenible. Tengamos cuidado, que por demandar -precozmente- mayor redistribución, podríamos estar poniendo en riesgo las libertades políticas ya alcanzadas
