Por: Jorge Sicilia
En Estados Unidos, una recesión que comenzó a finales del 2007 y a la que todavía no se ve fin, y un sector financiero que no está cumpliendo su función de otorgar crédito son los principales retos a corto plazo en el frente económico y financiero.
Ya se ha diseñado y aprobado un paquete de ayuda fiscal en tiempo record, y las nuevas directrices del plan financiero. Ambas son buenas noticias, pero con matices. Y los matices son importantes.
El plan fiscal de 786 billones es el mayor en la historia de EEUU (exceptuando el plan de inversión en infraestructuras de Eisenhower en los 50). Tiene un poco de todo: por un lado, recorte de impuestos (algo más de un tercio) y gasto público; y por otro lado, medidas de corto y de largo plazo. Las medidas de aplicación rápida (que ya han comenzado) van a permitir amortiguar la recesión.
Las de mayor plazo pueden permitir sentar las bases para un gasto sostenido en el tiempo que se extienda más allá de 2010 y que pueda aumentar la productividad en el país, si consiguen que la política pública abra espacios a una mejor educación y un mejorado sistema sanitario, por no hablar del uso de energías renovables.
En el Presupuesto que acaba de presentar en el Congreso, Obama propone aumentar significativamente la inversión en estos tres pilares.
Regresando al plan fiscal de recuperación, si bien hay notas negativas, como el poco apoyo de los Republicanos (tres senadores y ningún congresista), hay que notar que de dos tercios del plan se podría ejercer antes de mediados de 2010.Más dudas ha generado el anuncio del plan financiero por parte del Secretario del Tesoro.
El plan tiene puntos fuertes porque sienta las bases para una acción menos errática que la ejercida hasta el momento porque ataca varias partes del problema al mismo tiempo.
En primer lugar, plantea determinar de manera homogénea entre entidades el tamaño del agujero en el balance de los bancos generado por los activos tóxicos y por el impacto cíclico en la morosidad (aunque su cálculo llevará tiempo y no está claro todavía cuan pública será su difusión).
En segundo lugar, plantea un plan con tres líneas de acción:
* Reforzar los programas existentes para otorgar liquidez para la generación de nuevos préstamos (una expansión hasta un trillón de dólares de un programa de la Reserva Federal —el TALF— que todavía no ha comenzado).
* Incentivar que el sector privado pueda ayudar a retirar los activos tóxicos de las entidades (hasta por un trillón de dólares).
* Seguir inyectando capital a los bancos.
Además, se van a dedicar $75bn para reducir los pagos mensuales de las hipotecas e intentar reducir los embargos.
Pero tiene también puntos débiles que justifican las dudas que ha generado el plan, y que parten de la ausencia de detalles sobre la implementación de varias de estas líneas de acción, lo que contrasta con los mensajes previos del Secretario del Tesoro de la necesidad de actuar de manera decidida y rápida para atajar el problema.
Mientras conocemos más detalles, esto solo se puede valorar haciendo supuestos.
Supongamos que el plan para evitar los embargos pone un suelo a la valoración de los precios de la vivienda y permite que el precio de los activos con subyacente hipotecario suba de precio, o al menos deje de caer, reduciendo el riesgo de pérdidas desconocidas si se compran a precios de hoy.
Supongamos también que esto permite que un fondo con capital privado encuentre más fácilmente un precio para los activos tóxicos y los vaya sacando del balance de los bancos, aunque sea a un precio inferior al que los bancos lo tienen anotado en su balance, que requeriría poner más capital en el sector bancario.
Supongamos que el ejercicio de estrés testing es severo y realista en la valoración de los activos tóxicos y del aumento de la mora ante la recesión de EEUU.
Y supongamos que, con todo lo anterior, haya una estimación realista y transparente de la falta de capital en el sistema bancario.
Tras todos estos supuestos, hay dos posibilidades:
La primera es que el capital que se tiene que inyectar en el sistema esté disponible (aunque una porción de bancos en EEUU tengan capital suficiente); bien porque lo que queda de gastar del TARP sea suficiente, bien porque si no es suficiente, el capital privado cubriría la diferencia.
Esta opción es difícil porque al capital privado le va a tomar tiempo entrar en el sector hasta que éste se estabilice. Si el capital disponible no es suficiente, la única salida es que se ponga más dinero público para inyectar más capital público a estas entidades (el Presupuesto presentado por Obama plantea la posibilidad de dedicar $250bn adicionales a estabilizar los mercados financieros adicionales a los $700bn ya asignados en el TARP).
Si una clave del éxito es, por tanto, que el diseño del plan sea efectivo, que las medidas se complementen unas a otras y que haya suerte (que no haya imprevistos financieros serios por el camino); otra es que estén abiertos a la posibilidad de aceptar que el problema solo se puede solucionar a través de pedir más fondos al congreso para “cerrar” un posible gap de capital del sistema si fuera necesario.
Más allá de las dudas que se despejarán en las próximas semanas (desearíamos) o meses, nada de esto va a impedir que la recesión continúe en 2009, pero sí puede ayudar tanto a minimizar el impacto del deterioro cíclico a partir del segundo trimestre del año en Estados Unidos, como a sentar las bases para que tras el necesario ajuste del sector financiero, la recuperación sea más sostenida hacia delante.
La historia ha enseñado cómo actuar, y la nueva administración parece decidida a no pecar de timorata. Ojala sea así. Y que el Congreso les acompañe
En Estados Unidos, una recesión que comenzó a finales del 2007 y a la que todavía no se ve fin, y un sector financiero que no está cumpliendo su función de otorgar crédito son los principales retos a corto plazo en el frente económico y financiero.
Ya se ha diseñado y aprobado un paquete de ayuda fiscal en tiempo record, y las nuevas directrices del plan financiero. Ambas son buenas noticias, pero con matices. Y los matices son importantes.
El plan fiscal de 786 billones es el mayor en la historia de EEUU (exceptuando el plan de inversión en infraestructuras de Eisenhower en los 50). Tiene un poco de todo: por un lado, recorte de impuestos (algo más de un tercio) y gasto público; y por otro lado, medidas de corto y de largo plazo. Las medidas de aplicación rápida (que ya han comenzado) van a permitir amortiguar la recesión.
Las de mayor plazo pueden permitir sentar las bases para un gasto sostenido en el tiempo que se extienda más allá de 2010 y que pueda aumentar la productividad en el país, si consiguen que la política pública abra espacios a una mejor educación y un mejorado sistema sanitario, por no hablar del uso de energías renovables.
En el Presupuesto que acaba de presentar en el Congreso, Obama propone aumentar significativamente la inversión en estos tres pilares.
Regresando al plan fiscal de recuperación, si bien hay notas negativas, como el poco apoyo de los Republicanos (tres senadores y ningún congresista), hay que notar que de dos tercios del plan se podría ejercer antes de mediados de 2010.Más dudas ha generado el anuncio del plan financiero por parte del Secretario del Tesoro.
El plan tiene puntos fuertes porque sienta las bases para una acción menos errática que la ejercida hasta el momento porque ataca varias partes del problema al mismo tiempo.
En primer lugar, plantea determinar de manera homogénea entre entidades el tamaño del agujero en el balance de los bancos generado por los activos tóxicos y por el impacto cíclico en la morosidad (aunque su cálculo llevará tiempo y no está claro todavía cuan pública será su difusión).
En segundo lugar, plantea un plan con tres líneas de acción:
* Reforzar los programas existentes para otorgar liquidez para la generación de nuevos préstamos (una expansión hasta un trillón de dólares de un programa de la Reserva Federal —el TALF— que todavía no ha comenzado).
* Incentivar que el sector privado pueda ayudar a retirar los activos tóxicos de las entidades (hasta por un trillón de dólares).
* Seguir inyectando capital a los bancos.
Además, se van a dedicar $75bn para reducir los pagos mensuales de las hipotecas e intentar reducir los embargos.
Pero tiene también puntos débiles que justifican las dudas que ha generado el plan, y que parten de la ausencia de detalles sobre la implementación de varias de estas líneas de acción, lo que contrasta con los mensajes previos del Secretario del Tesoro de la necesidad de actuar de manera decidida y rápida para atajar el problema.
Mientras conocemos más detalles, esto solo se puede valorar haciendo supuestos.
Supongamos que el plan para evitar los embargos pone un suelo a la valoración de los precios de la vivienda y permite que el precio de los activos con subyacente hipotecario suba de precio, o al menos deje de caer, reduciendo el riesgo de pérdidas desconocidas si se compran a precios de hoy.
Supongamos también que esto permite que un fondo con capital privado encuentre más fácilmente un precio para los activos tóxicos y los vaya sacando del balance de los bancos, aunque sea a un precio inferior al que los bancos lo tienen anotado en su balance, que requeriría poner más capital en el sector bancario.
Supongamos que el ejercicio de estrés testing es severo y realista en la valoración de los activos tóxicos y del aumento de la mora ante la recesión de EEUU.
Y supongamos que, con todo lo anterior, haya una estimación realista y transparente de la falta de capital en el sistema bancario.
Tras todos estos supuestos, hay dos posibilidades:
La primera es que el capital que se tiene que inyectar en el sistema esté disponible (aunque una porción de bancos en EEUU tengan capital suficiente); bien porque lo que queda de gastar del TARP sea suficiente, bien porque si no es suficiente, el capital privado cubriría la diferencia.
Esta opción es difícil porque al capital privado le va a tomar tiempo entrar en el sector hasta que éste se estabilice. Si el capital disponible no es suficiente, la única salida es que se ponga más dinero público para inyectar más capital público a estas entidades (el Presupuesto presentado por Obama plantea la posibilidad de dedicar $250bn adicionales a estabilizar los mercados financieros adicionales a los $700bn ya asignados en el TARP).
Si una clave del éxito es, por tanto, que el diseño del plan sea efectivo, que las medidas se complementen unas a otras y que haya suerte (que no haya imprevistos financieros serios por el camino); otra es que estén abiertos a la posibilidad de aceptar que el problema solo se puede solucionar a través de pedir más fondos al congreso para “cerrar” un posible gap de capital del sistema si fuera necesario.
Más allá de las dudas que se despejarán en las próximas semanas (desearíamos) o meses, nada de esto va a impedir que la recesión continúe en 2009, pero sí puede ayudar tanto a minimizar el impacto del deterioro cíclico a partir del segundo trimestre del año en Estados Unidos, como a sentar las bases para que tras el necesario ajuste del sector financiero, la recuperación sea más sostenida hacia delante.
La historia ha enseñado cómo actuar, y la nueva administración parece decidida a no pecar de timorata. Ojala sea así. Y que el Congreso les acompañe
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